Por Mateo Gómez Matos, Decano del Colegio de Abogados de Piura y docente de la Universidad de Piura.

Por Julio Talledo. 17 diciembre, 2013.

El Tribunal Constitucional, esta vez en la demanda de conflicto competencial que había presentado el Ministerio de Justicia en representación del Ejecutivo, ha fallado una vez más a favor de los jueces en su pedido de homologación de sueldos.  Ha dispuesto que los poderes públicos cumplan con incluir el monto presupuestal requerido por el Poder Judicial para la nivelación total de los jueces en el presupuesto fiscal 2014, bajo responsabilidad. Ha encargado que la Presidencia del Consejo de Ministros asuma sus responsabilidades constitucionales, disponiendo lo que fuere conveniente  a través de las carteras comprometidas, para que el proceso de nivelación se ejecute inmediatamente.

En la madrugada de este viernes 13, el Congreso aprobó la llamada Ley de fortalecimiento del Poder Judicial, que apuradamente apareció promulgada en el Diario El Peruano el mismo día, con el número 30124. Esta nueva norma modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial e incrementará automática y paulatinamente los sueldos de los jueces poniéndolos en nueva relación con los ingresos de los Congresistas.

Según el proyecto aprobado, los haberes de los jueces se incrementarán progresivamente en tres tramos: el primero, de aplicación inmediata con la promulgación del decreto supremo que establezca los montos de aumento; y los otros dos, sujetos al cumplimiento de las metas establecidas por el propio Poder Judicial, lo que será evaluado por su Consejo Ejecutivo.

Más allá de las deficiencias u omisiones de la Ley aprobada, que deberán subsanarse, y más allá de exigir que vía decreto supremo se aclaren los montos que corresponden a bono y a gastos operativos, es un hecho que se ha abierto una nueva vía que no debe descartarse; una nueva ruta por la que el panorama de los pedidos de los jueces se va aclarando. Aunque la norma aprobada responda a una iniciativa del Ejecutivo, que más parece un enroque ajedrecístico entre 20 años de incumplimiento de la Ley Orgánica y las negociaciones que se estaban celebrando, lo cierto es que tenemos un nuevo escenario.

Los Magistrados del Perú deben tener un salario digno que esté a tono con el rol que les hemos otorgado: decir el derecho de los demás y ser un verdadero contrapeso a los demás poderes; y ahora mismo no lo tienen. Por eso, he dicho antes que debe cumplirse con las sentencias del Tribunal Constitucional y no he dudado en salir a la calle en marcha pacífica a reclamar con ellos y por ellos.

Si fuera necesario, volvería a marchar; pero, ahora, sin cambiar mi actuación previa, quiero llamar la atención sobre el otro tema a tomar en cuenta: la posibilidad de que esos justos reclamos se atiendan de inmediato y los efectos de la huelga de los jueces.

Como alguien ha dicho, los derechos no son gratis, y ¡claro que no son gratis¡ Nos cuestan a todos los peruanos. Considero que todos debemos estar de acuerdo en que tan importante como hacer que las sentencias se cumplan y hacer efectivo el derecho de los jueces a un salario digno es asegurar el equilibrio y la sostenibilidad fiscal.

Para armonizar estos extremos, aparentemente opuestos, efectivamente debería autorizarse en primer lugar que la parte de la ordenación de los ingresos que provenga de recursos propios del Poder Judicial vaya inmediatamente a la homologación, pues se trata de una parte que está debidamente financiada y que no afecta otros presupuestos. Respecto a otros montos mayores, quizá la manera menos gravosa para la caja fiscal de llegar a la esperada nivelación sea, efectivamente, incorporar criterios de gradualidad que aseguren recursos públicos para cubrir las demás obligaciones y los aumentos a otros sectores de la población. De esta manera, se podría asegurar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones prestacionales del Estado.

Llegó el momento de pedir a los señores Magistrados que hagan una pausa en sus justos reclamos económicos y que depongan o suspendan toda medida de fuerza en pro de los litigantes que aspiran a que se brinde un servicio al que tienen derecho y también en beneficio de miles de abogados que se ven perjudicados con este tipo de medidas.

Finalmente, reitero la legitimidad de las aspiraciones económicas de los jueces, pero también propongo que se levante la huelga. La nueva sentencia del Tribunal Constitucional y la movida legal del Ejecutivo cambia el escenario. Un gesto así contribuirá a recuperar la falta de legitimidad del Poder Judicial. Debe advertirse que la huelga de jueces ya no se entiende socialmente; y que, en este punto, no se trata solamente de insistir en que se ejerza la potestas y que se cumpla con la ley y las sentencias; sino que básicamente se trata de ganar en auctoritas. Levantar la huelga debe ser una primera medida; y, mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, la siguiente.