Por Juan Carlos Fahsbender
Por Julio Talledo. 09 diciembre, 2011.Hace tres años, por razones profesionales vinculadas a la optimización de procesos, visitamos un Gobierno Regional. Llegamos en el momento en que el área de logística se disponía a comprar una docena de botellas de agua por un monto equivalente a S/. 25 nuevos soles.
El expediente para la compra, incorporaba informes y firmas de 25 funcionarios de 8 oficinas, y había acumulados 66 traslados físicos entre dependencias; el tiempo transcurrido era de aproximadamente 40 días. Imagine usted el engorroso proceso para poder construir un pequeño puente.
El Ministro de Economía Finanzas ha anunciado que, para amortiguar posibles efectos de la crisis internacional, va a transferir 1571 millones de nuevos soles, a través del segundo paquete de estímulo económico: parte de estos recursos, irían a los gobiernos locales y regionales y a otras dependencias. Este monto es inferior al que maneja el Gobierno Regional aludido en la primera parte de este artículo.
Sería lamentable que la burocracia, compuesta por paradigmas, costumbres, estilos, procesos engorrosos, funcionarios timoratos, cuadernos de cargo, diseño organizacional errado, entre otros, impida nuevamente que esta inyección de dinero logre cumplir su objetivo.
La burocracia no tiene pretextos. Desde el 2001 está vigente la Ley N° 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, que incorpora principios y especificaciones para una gestión pública moderna. En el 2010 se publicó el “Plan Nacional de Simplificación Administrativa” (RM-228-2010-PCM), y este año, se publicó el DS-007-2011-PCM, “Metodología de Simplificación Administrativa”, herramienta, que a través de un proyecto e-Learning, en la que participaron más de mil funcionarios públicos, demostró ser eficaz.
Los órganos de control y fiscalización deben cambiar su operatividad, generando mecanismos de evaluación efectivos: identificar documentos o anotaciones oficiales, de funcionarios tibios y comodones, que concluyen con conocidas frases que reflejan negativos paradigmas institucionalizados: “para su conocimiento y fines”, “salvo mejor parecer”, “para su opinión”, “para visto bueno de asesoría legal”, y otras similares, en las que subyace una corrupción pasiva (que podría ser más grave que la activa): la de no asumir acción concreta y diligente vinculada a su responsabilidad funcional, y que afecta las intenciones de dinamizar el aparato público para generar mejores condiciones de desarrollo, disminuir la pobreza y promover inclusión social.
Las estadísticas indican que la falta de proyectos ha dejado de ser un grave problema: hay que enfocarse en los procesos administrativos optimizados para su ejecución.
Docente.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Universidad de Piura.
