La ordenanza municipal que impide el uso de cascos cerrados para combatir la delincuencia puede complicar en algo la actividad delictiva, pero a costa que los motociclistas dejen de utilizar un caso cerrado, que ofrece más seguridad para los accidentes de tráfico. Como sabemos, la seguridad ciudadana consiste en la acción integrada que desarrolla el […]

Por Carlos Hakansson. 14 mayo, 2015.

La ordenanza municipal que impide el uso de cascos cerrados para combatir la delincuencia puede complicar en algo la actividad delictiva, pero a costa que los motociclistas dejen de utilizar un caso cerrado, que ofrece más seguridad para los accidentes de tráfico.

Como sabemos, la seguridad ciudadana consiste en la acción integrada que desarrolla el Estado en colaboración con la ciudadanía y otras organizaciones de bien público, con la finalidad de asegurar la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, el uso pacífico y ordenado de las vías y espacios públicos; evitando la comisión de delitos y faltas. Se trata de un conjunto de acciones democráticas en favor de los ciudadanos y ajustadas al Estado de Derecho. De lo contrario nos encontraríamos viviendo bajo un Estado policial.

Se trata de armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada persona con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana diseñadas por el Estado. Las medidas radicales, como la aplicación del derecho penal a menores de edad, hasta prohibir el uso de cascos cerrados pueden derivar en milicias de autodefensa cuando dichas políticas fracasan al combatir el delito.

En paralelo al diseño de una adecuada estrategia policial contra la delincuencia para el mediano y largo plazo, al ejecutivo le urge implementar unas políticas de prevención como una actividad educativa e informadora para resolver los problemas de fondo en el mediano plazo. Para llevarla a cabo, no se requiere implementar una infraestructura especial si se cuenta con la instalada (colegios públicos). El costo principal lo constituye la formación de monitores para su ejecución, para su reclutamiento se puede involucrar a la sociedad civil, ONGs, municipalidades y colegios. En conclusión, no se pueden confundir las medidas políticas con las policiales, cada una cumple su papel.