Docente de la Universidad de la Sabana (Bogotá) dictó a los alumnos de Piura la conferencia Precedentes Vinculantes en la Teoría del Derecho. Advirtió los riesgos de la inseguridad ciudadana.
Por Tania Elías. 18 agosto, 2015.
En los últimos años, la percepción de los peruanos con respecto a los problemas que más les afectan ha ido cambiando. La pobreza y el desempleo ya no lideran el temor de la población sino la inseguridad ciudadana. La gente, desesperada, exige medidas drásticas contra los delincuentes para sancionarlos, y otras para prevenir extorsiones o el sicariato.
¿Quién está dando las normas en ese contexto?, se pregunta el Doctor Fabio Pulido Ortiz, docente visitante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, director de la maestría en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de la Sabana (Bogotá), quien llegó al Campus Piura para dictar la conferencia Precedentes Vinculantes en la Teoría del Derecho.
Aunque las leyes ya están dadas, menciona que hay que tener cuidado cuando las promueve el Ejecutivo y no a quien le corresponde, es decir el Legislativo. Advierte que si las reglas no están claras en el escenario actual, podría terminar haciéndose un mal uso de estas y ser una amenaza para la democracia. Si bien es cierto hay un clamor popular, no se puede hacer siempre caso de este, sin un debate o un diálogo con los expertos.
Los peruanos sienten que la inseguridad ciudadana es su principal problema. ¿Es similar a nivel internacional?
La inseguridad ciudadana está afectando a todos los países, no discrimina continentes ni condición económica. Yo acabo de estar en Estados Unidos y están en discusiones tan similares como las de países de Latinoamérica. Es un problema generalizado.
En el Perú, el Ejecutivo ha aprobado una serie de disposiciones…
Hay que tener en cuenta quién está haciendo eso. En una democracia, quien determina este tipo de medidas debe ser el órgano que tiene más controles, es decir el Parlamento. Hay que tener cuidado o generar una discusión previa. El Ejecutivo es el órgano que tiende a abusar más del poder; por muchas razones institucionales, es así. Si es quien toma decisiones tendría que haber una discusión constitucional de cómo hacer para limitar lo que hace.
Eso no se hizo y las medidas están dadas. La ley de geolocalización ¿podría afectar el derecho del ciudadano a la intimidad, a la comunicación, cómo se debería aplicar?
Tendría que conocer mucho más a fondo la ley, pero en base a la experiencia de países como Colombia habría que diferenciar entre la individualización o el seguimiento individual de las comunicaciones, de la privacidad, y las políticas de inteligencia. Estas leyes generalmente no están referidas a interceptación de comunicaciones sino a medidas de inteligencia, que son medidas políticas de seguridad que toma el Estado para prevenir delitos. Para eso necesariamente tiene que tomar una serie de medidas que no podría decirse que violan la privacidad o la intimidad de las personas.
¿Como la ley de la geolocalización?
Acá el debate es, por un lado, privacidad e intimidad, y por el otro la seguridad. Obviamente, nosotros estamos dispuestos a que tengamos medidas que violen la intimidad, por ejemplo, nadie está en principio en desacuerdo de que por las veredas de las calles haya cámaras. La privacidad no es solo una situación de yo en mi casa, guardado, sino también en la calle, en los lugares públicos; estos tienen cámara y no hay oposición.
¿Cuál es el límite entonces?
Si saben dónde estoy, en principio no lo vería tan grave para la intimidad pero si con esa medida me están siguiendo a mí, Fabio Pulido, entonces me están individualizando y me tienen localizado. Puede ser una política general de rastrear o de indagar qué hace la gente, lo que no se puede confundir como persecuciones específicas que requieren otro tipo de órdenes. Si sospechan que yo soy un delincuente y me van a perseguir y a interceptar, para eso debe haber una orden que previamente autorice a la Policía que me pueda perseguir. Puede ser que solo me miren como miran a otros para prevenir delitos sin saber quién es uno. Yo lo pienso así: generalmente, la policía hace recorridos por la calle para mirar qué pasa pero no me está siguiendo, eventualmente si yo estoy haciendo algo extraño puede intervenir, esa es la idea de la localización y la inteligencia.
Siempre hay algún riesgo de sobrepasarse. ¿Cómo hacer para evitar seguimientos particulares?
Ante esa medida tiene que proceder el amparo. Si me doy cuenta que el Estado está utilizando el argumento de la inteligencia para perseguirme por otra razón, eso se debe hacer con orden judicial. Yo tendría que protegerme. A pesar de todos los riesgos, creo que el punto clave está en pensar en el buen gobierno, que va a cumplir las reglas, con buenas intenciones… Va a tener intenciones de cuidarnos a todos y por ello deber ir mirando una especie de requisas en el mundo moderno, con el seguimiento o monitoreo.
¿Eso pasa en su país?
En Colombia el tema de la localización es difícil. No solo lo pueden localizar a uno sino que la comunicación entre celulares la pueden ir captando. A eso le llaman monitoreo aleatorio. La policía va escuchando las comunicaciones. Si encuentra algo extraño, va y mira. Eso es más peligroso pero ese tipo de medida es distinta a la persecución penal. Una cosa es que a mí me vayan a individualizar para seguirme un proceso penal y luego llevarme a la cárcel, y otra cosa son las medidas policiales. Esas son para evitar atentados, delitos, robos, la otra es para castigarme. En ese escenario, cuando me van a perseguir, debe haber una orden judicial. No lo puede hacer el gobierno solo.
La población no repara en estos riesgos…
Tiene que haber un órgano de control, ajeno a la empresa de telecomunicaciones. Que se utilice la escucha de conversaciones para perseguir a posibles enemigos políticos de un gobierno es una anormalidad que no puede prever el derecho. El derecho tiene límites, la legislación puede llegar a un punto, pero no a todo como cuando una norma se utiliza mal. Una cosa es usar la información para prevenir un delito y otra para echar a la cárcel a alguien.
Y eso se debe tener claro antes de dar la norma…
Sin duda. Ese es el problema que lo haga el Gobierno. Este tipo de medidas que sin duda limitan la intimidad de las personas y su privacidad, como lo vemos ahora, por su importancia las debe emitir un órgano legislativo, con suficiente debate, que haya previsto estas cosas.
