El pleno del Congreso aprobó este miércoles la ley del divorcio rápido. Falta la promulgación u observación de la Presidencia de la República. La propuesta plantea que las municipalidades y notarías, acreditadas por el Ministerio de Justicia, realicen el divorcio. Los cónyuges deben haber estado casados por lo menos 2 años y no tener hijos […]
Por Gloria Huarcaya. 09 mayo, 2008.
Paul Corcuera, director del Instituto de Ciencias para la Familia
El pleno del Congreso aprobó este miércoles la ley del divorcio rápido. Falta la promulgación u observación de la Presidencia de la República. La propuesta plantea que las municipalidades y notarías, acreditadas por el Ministerio de Justicia, realicen el divorcio. Los cónyuges deben haber estado casados por lo menos 2 años y no tener hijos menores, entre otras condiciones. Conversamos con doctor Paúl Corcuera, director del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, sobre algunos aspectos de esta controvertida ley.
El docente UDEP señala que “es fundamental determinar, con la mayor precisión posible si se ha definido bien el problema que se desea enfrentar; si se han comparado adecuadamente diferentes alternativas, y si no se prevé que se produzcan consecuencias negativas que generen un problema mayor. El análisis, lejos de apasionamientos, debe hacerse en estos niveles”.
Vayamos por lo primero, ¿cuál es el problema que se desea enfrentar?
Quienes han propuesto esta ley intentan acortar el proceso de divorcio que en el poder judicial dura al menos un año y medio; y, además, desean abaratar el costo. Se argumenta que la ley permite el acceso de los más pobres a la justicia y a menor costo.
De ser así, podría pensarse, inicialmente, que es una buena ley y que resuelve un problema real…
El tema clave no es lo que dura o lo que cuesta un proceso de divorcio sino por qué se llega a esa situación de ruptura. Si se plantean medidas para reforzar la vida matrimonial habría menos procesos de divorcios y, por tanto, bajaría la carga procesal de los juzgados, etc. Hay que atacar el problema de fondo, y ser coherentes con la Ley de Fortalecimiento de la Familia y el Plan Nacional de Apoyo a la Familia, actualmente vigentes.
Como vemos, se está enfrentando una consecuencia del problema de fondo, que va destruyendo el sentido de la realidad matrimonial. Cambiar la estructura del matrimonio y al mismo tiempo extenderlo para todos es una maniobra contradictoria que acaba con la institución.
Entramos a una dialéctica que es tramposa. El divorcio, por su propia lógica, sigue exigiendo reformas. En cualquier sistema de divorcio prima el bien del individuo frente al bien común del matrimonio y la familia. El marco legal apoya las tendencias que causan la quiebra del matrimonio, y no las tendencias que fomentan su unión y carácter mutuo. En vez de una “legislación de modelos” (naturaleza y sentido del matrimonio para reforzarlo), se elige una “legislación de remedios” y ello hace que las uniones se vean como condicionales.
Pero, hay una problemática que desean solucionar: largos procesos de divorcio y costos elevados.
Suponiendo que el problema esté bien definido –algo en lo que no estoy de acuerdo –, cabe preguntarnos si hay otras alternativas que pueden ayudar a reducir la carga procesal –allí estriba, en buena parte, la calidad directiva –, de modo que los jueces puedan atender adecuadamente los casos de divorcios y que los costos sean menores. Por ejemplo, reforzando el trabajo de los magistrados, y formando profesionales que puedan ser un buen soporte para orientar mejor a los miembros de una familia en peligro, etc. Esto puede ser una ayuda más relevante y decisiva.
Muchos cónyuges que afrontan el doloroso proceso que entraña un divorcio se plantean otras cuestiones, que conviene considerar, independientemente de que el proceso sea lento o rápido. Por ejemplo, la monoparentalidad es una experiencia nueva y desgarradora para los propios protagonistas y sus hijos; y de esto es necesario hablar. Los efectos en los propios cónyuges y más aún en los hijos, se notan con el tiempo.
Hay opiniones encontradas sobre si con la ley aumentaría o no el número de divorcios, ¿qué le parece?
A juzgar por la experiencia, en otros países con leyes similares, se comprueba un aumento significativo del número de divorcios. En España, con el divorcio express que se puso en vigencia el año 2005 el número de rupturas matrimoniales se incrementó en un 74,3% al año siguiente. Ocurrió igual con otras medidas permisivas. Por ejemplo la distribución indiscriminada de preservativos generó en muchos países una mayor promiscuidad sexual y embarazos no deseados.
Cuando tenemos un compromiso con un horizonte de tiempo largo, se nos exigirá a todos un mayor esfuerzo, lo que nos lleva a sacrificarnos con mayor esmero. En cambio, cuando el horizonte de tiempo del compromiso es corto, no lo valoramos tanto porque exige menor esfuerzo. Por ello, cuando los requisitos para acabar un matrimonio son muy fáciles –en tiempo, costo, trámites, etc. –, la consecuencia lógica es que las situaciones de divorcio se promuevan, aunque no sea lo inicialmente buscado. Podemos llegar a extremos en los que divorciarse sea más barato, por ejemplo, que cancelar una línea de una compañía telefónica.
Se afirma que la ley solo facilita algo que ya está decidido, entonces ¿por qué, dicen, hay tanto lío?
Es cierto que una ley para facilitar el divorcio nunca ‘obliga’, pero también lo es que es más fácil contagiarse si te obligan a vivir en un ambiente propenso al contagio de enfermedades. Qué duda cabe que todos los matrimonios pueden sufrir altibajos y momentos difíciles que, en muchos casos, el tiempo y la generosidad mutua, permiten superar llevando a un crecimiento personal y conyugal más profundo: el matrimonio se hace en un momento; la vida conyugal se construye en ‘cada momento’.
La fidelidad –vivir según el compromiso adquirido- es muestra del amor que llevó a tal compromiso. Así, aprender a amar no es sólo aprender a comprometerse: es también aprender a disfrutar de los engrandecedores alcances de la fidelidad. El horizonte del amor permite vivir más allá del conflicto. “Tirar la toalla” ante los primeros problemas no es siempre la solución y origina profundas heridas en las personas que lamentan haber fracasado en una de las decisiones más relevantes de su vida.
¿Qué debería hacer el Estado?
Más que facilitar el divorcio, se debería fortalecer el matrimonio y la familia. Hay evidencias estadísticas que van mostrando las grandes bondades que implica para una sociedad el contar con matrimonios estables; y los grandes costos sociales que implica la ruptura de las familias. Cuando las familias se destruyen se incrementa el nivel de pobreza, la violencia doméstica, el uso de drogas, los trastornos sicológicos, los nacimientos de hijos fuera del matrimonio, etc. Medidas como las adoptadas van en esta línea y el tiempo se encargará de mostrar los efectos directos y colaterales de esta decisión.
(*) Entrevista publicada en diario El Tiempo, Piura 9 de mayo de 2008.
