Sus peores efectos se producirán en las próximas elecciones generales (2021). El desprestigio de la clase política, empieza a producir una sensación de incertidumbre sobre los futuros candidatos y sus credenciales democráticas.
Por Carlos Hakansson. 28 noviembre, 2017.El caso Lava Jato producirá sus peores efectos en las próximas elecciones generales (2021). El desprestigio de la clase política en general, empieza a producir una sensación de incertidumbre sobre los futuros candidatos y sus credenciales democráticas. El terreno está preparado para el advenimiento de un “outsider anti-establishment”, de discurso revolucionario y en el polo opuesto a los partidos que fueron gobierno o tuvieron representación parlamentaria.
Ante este panorama, debemos tener en cuenta que en democracia, cuando fallan los poderes ejecutivo y legislativo, serán los jueces y fiscales los llamados a fortalecer el Estado de Derecho realizando su trabajo, es decir, investigando, acusando, así como procesar y sancionar a todos los responsables. Es el medio previsto para limpiar el sistema y promueve su retroalimentación, en otras palabras, si el modelo falla los defensores de la Constitución y la Ley podrán el orden.
La judicatura es el pilar de la democracia, la función del poder que restablece la institucionalidad cuando está en crisis, por eso los verdaderos esfuerzos de solución a la coyuntura política deben orientarse a su fortalecimiento, de lo contrario, como dice el refrán, “la pita se romperá por el lado más débil”, confirmando la impunidad para muchos responsables y la desilusión ciudadana sobre la democracia.
El camino hacia la institucionalidad comienza en la judicatura y el ministerio público, consolidando su independencia e inamovilidad, de lo contrario la judicialización de la política terminará por socavar el sistema y la ciudadanía buscará soluciones pragmáticas y radical
