Al analizar la actual coyuntura política nacional, se evidencia la falta de un importante elemento en un estado democrático, la institucionalidad, ese ideario de igualdad poder del legislativo, ejecutivo y judicial.
Por Carlos Hakansson. 09 enero, 2019.
Fuente: Esan
El principio de separación de poderes y el reconocimiento a los derechos fundamentales son los cimientos del estado constitucional de derecho, por eso debemos tener presente su correcta invocación y defensa bajo cualquier circunstancia política.
Las funciones del poder (legislativa, ejecutiva y judicial) están separadas pero cooperan, es decir, no se encuentran aisladas una de la otra sino que todas participan en la formación de la voluntad política; por ejemplo, el parlamento legisla y el ejecutivo promulga; el jefe de estado aprueba un tratado y el Congreso lo ratifica; sabemos que parlamento y gobierno pueden legislar, pero los jueces pueden inaplicar sus normas si las declara inconstitucionales.
La Constitución regla el camino y recto funcionamiento de las instituciones democráticas, cualquier grave irregularidad producida por sus representantes en ejercicio debe corregirse de acuerdo con sus propios mecanismos (vacancia, acusación constitucional, interpelaciones, censura, entre otras), recurrir a soluciones improvisadas equivale a resolver los problemas al margen de sus disposiciones; precisamente, la institucionalidad radica en el deber de sus representantes para atenerse a las “reglas de juego” previstas en la Constitución, lo contrario es arbitrario, pues, será la decisión para andar por caminos distintos, ni consensuados, en nuestra forma constitucional de gobierno.
