La reciente convocatoria del Gobierno chileno a un plebiscito, el próximo 26 de abril, para decidir una reforma constitucional integral o una nueva asamblea constituyente, será el debate que marcará los cuatro primeros meses del nuevo año que comienza. La decisión mayoritaria producirá consecuencias en el orden político, social y económico. La Constitución del 1980 […]
Por Carlos Hakansson. 08 enero, 2020.
La reciente convocatoria del Gobierno chileno a un plebiscito, el próximo 26 de abril, para decidir una reforma constitucional integral o una nueva asamblea constituyente, será el debate que marcará los cuatro primeros meses del nuevo año que comienza. La decisión mayoritaria producirá consecuencias en el orden político, social y económico. La Constitución del 1980 nació bajo un régimen de facto, no gozaba de legitimidad de origen, es cierto, pero la transición democrática post Pinochet, las sendas reformas bajo los gobiernos de Frey y Lagos, ambos políticos pertenecientes a la concertación de partidos de izquierda, le habían otorgado una legitimidad de ejercicio que ahora, de forma impensable, ha vuelto a ponerse en cuestión.
La Constitución chilena condujo la democracia saludablemente durante 39 años, fortaleciendo sus instituciones, la creación de un sistema de partidos, garantizando una interrumpida sucesión democrática y estado de derecho; dentro de ese marco, los principios de una economía de mercado constitucionalizados, dieron lugar al país más próspero y formalizado de la región. Sin embargo, los frutos de una disciplina fiscal, así como los índices y cifras macro económicas administradas en su mayoría por gobiernos de izquierda, no implementaron un conjunto de políticas públicas que distribuyan la riqueza con progresividad.
Lo irónico de todo lo acontecido es que el Presidente Piñera, sumando su primer mandato, no lleva ocho años como titular del ejecutivo, a diferencia de la concertación de partidos de izquierda que lleva veinticuatro gobernando los destinos de Chile, bajo una economía en crecimiento, que durante ese tiempo no diseñó un verdadero estado social, siendo ahora el sector que exige al gobierno mejores prestaciones sociales buscando liderar la protesta ciudadana.
