La defensa de Castillo
Según la confesión de Salatiel Marrufo y otro colaborador del caso, el expremier habría dado una directiva para extraer fondos de la entidad para poder sustentar los pagos a las defensas de Castillo
El caso Sada Goray: “la versión del arrepentido”
Lo que suceda en los próximos días con la prisión a estas personas dará, en mi opinión, un cambio sustancial en el manejo de las colaboraciones eficaces y una lección para todos los que forman parte del sistema.
La suspensión de Ávalos y los efectos de la decisión del Congreso
Considero que ha existido un exceso por parte del Congreso; no puede inhabilitarse a un funcionario judicial por tener una interpretación de la extensión de la inmunidad presidencial, sobre todo sí existía una “costumbre” procesal.
La contrarreforma de la Ley que regula la responsabilidad administrativa
Así, nuevamente, tendremos un nuevo diseño de nuestro joven modelo de responsabilidad “administrativa” de la persona jurídica, que en los próximos meses y años será debatido en instancias judiciales.
Castillo y su proclama
Cuestión distinta es que no haya podido materializar su golpe, como sí sucedió con Fujimori, empero, ello no elimina la responsabilidad legal del expresidente, pues estamos frente a un acto que típicamente puede constituir un delito de rebelión o una conspiración.
Abogados y conductas neutrales
A finales de febrero, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, a través del Recurso de Casación N° 526-2022, excluyó de una investigación a un abogado que había sido calificado como autor del delito de colusión.
Denuncias arbitrarias. Caso Ruth Shady
El delito de peculado, conforme a la jurisprudencia y doctrina, no protege bienes inmuebles; sanciona al funcionario público que se apropia o utiliza indebidamente caudales o efectos que se encuentra en su ámbito de administración o custodia.
Investigando nombramientos direccionados
La Fiscalía puede separar con claridad roles y delimitar responsabilidades, algo valioso en un mundo donde, cada vez más, la sociedad clama solo castigo para autores, y olvida que nuestro Código Penal establece una diferenciación en la participación delictiva.
La vigencia del Estado de Derecho
En materia penal, las normas solo pueden ser reformadas y derogadas por el Congreso o por una delegación al Poder Ejecutivo; de ninguna manera, una norma interna de gestión del Poder Judicial podría regular el marco normativo de la prescripción.
Protesta ciudadana
En este este escenario, hoy es vital la participación del Ministerio Público para realizar actos de investigación destinados a aclarar toda situación de violencia, venga de dónde provenga, utilizando la razón y la ley como instrumentos.
¿Activismo judicial?
Tengamos cuidado con el activismo judicial; los operadores jurídicos debemos ofrecer propuestas racionales y prudentes, evitando excesos que puedan dañar los derechos de otras personas.
Crisis presidencial
¿Nuestra Constitución habría previsto la posibilidad de suspender al presidente en funciones, o que un juez pueda dictar una medida de detención o impedimento de salida del país en su contra?
Ley mordaza
Desde la semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció la presentación de un proyecto de ley que buscaría sancionar la filtración de información de las investigaciones que tiene a su cargo el Ministerio Público.
Una reforma constitucional pendiente
Sería saludable que el Congreso empezará el debate sobre si, bajo las circunstancias actuales de un país donde la corrupción sigue siendo un mal endémico, es razonable y constitucionalmente válido mantener una inmunidad presidencial
La crisis continúa en la Presidencia de la Republica
La Fiscalía de la Nación mantiene una posición procesal amparada en la costumbre para no investigarlo, en lugar de activar su competencia constitucional como autoridad encargada de la persecución de los delitos.
Una nueva batalla entre la libertad de expresión e información y el honor
El 10 de enero del 2022 quedará marcado, en la historia de los pasillos judiciales virtuales, un nuevo episodio de la emblemática lucha entre el derecho al honor versus el derecho a la libertad de expresión e información.