Percy García: “La amenaza penal no reduce la criminalidad”

percy garciaPercy García, doctor en Derecho y experto en criminología, sostiene que si las condiciones sociales que originan la delincuencia continúan e incluso se potencian, “aunque haya una mayor eficacia en la persecución penal, lo único que se va a producir es una mayor población penal, pero no una sociedad segura. Al final, el problema se duplica, pues a las tasas de criminalidad se deberá sumar el problema de la escasez de cárceles o el hacinamiento penitenciario”. 

En más de una ocasión usted ha dicho que hay suficientes leyes pero que estas no se aplican. El ejecutivo ha promulgado otras dos (la 30076 y 30077) para frenar la delincuencia y combatir al crimen organizado, ¿qué opina al respecto?

La reforma o aprobación de las leyes penales no implica, necesariamente, que estas serán aplicadas por los jueces en los casos concretos. Hace falta que los operadores del sistema penal (policía, fiscales y, finalmente, el juez) tengan claro su sentido y generen las condiciones para su efectiva aplicación. Estas leyes penales de reforma integral del sistema penal y de lucha contra la criminalidad organizada responden a buenas intenciones, pero dudo de su real capacidad para frenar el crecimiento exponencial de los delitos. Si bien hace falta optimizar la respuesta punitiva, mientras los factores sociales criminógenos permanezcan, originando más criminalidad, la respuesta penal será solo un paliativo, y no el remedio.

¿Qué aspectos positivos rescata de la Ley 30076?

Ha introducido reformas penales muy relevantes, como: instaurar un procedimiento reglado de individualización de la pena, abandonando el sistema discrecional anterior; la ampliación del decomiso de ganancias procedentes del delito al decomiso de bienes de valor equivalente. También se han incorporados nuevas figuras delictivas: fraudes informáticos, usurpación de inmuebles aprovechando la ausencia del titular, la agravación de la extorsión en el ámbito de la construcción, el terrorismo blanco, entre otros.

En el plano procesal, se ha hecho una significativa reforma al principio de oportunidad, en la lógica de permitir archivar procesos por delitos de poca monta y, por el contrario, mantener vivos los procesos por delitos de reincidentes o los cometidos por miembros de una organización criminal. En el plano de la ejecución penal, los beneficios penitenciarios se siguen restringiendo para el caso de delitos especialmente graves.

Y, en cuanto a la 30077, contra el crimen organizado, ¿qué aporta?

Busca optimizar la persecución penal contra este tipo de delito. Además de definirla e indicar su ámbito de aplicación, detalla diversos actos de investigación especialmente idóneos para la persecución y acreditación de las actividades de una organización criminal (interceptación de las comunicaciones, escuchas telefónicas, entregas vigiladas, agentes encubiertos, entre otros). Puede decirse que ahora los órganos de persecución penal cuentan con medidas especiales de investigación para evitar la impunidad de las organizaciones criminales. Si son bien utilizadas, deben llevar a que el Ministerio Público pueda probar las actividades ilícitas de estas organizaciones y conseguir condenas a nivel judicial.

¿Cree que se harán efectivas estas leyes y la delincuencia y el crimen organizado disminuirán?

Como he mencionado, eso dependerá de que los operadores del sistema penal internalicen los beneficios o las ventajas que ofrecen estas leyes en la persecución penal y pongan las condiciones para su adecuada utilización en los casos concretos. Ahora, corresponde realizar una labor de capacitación a policías, jueces y fiscales en el manejo de estos nuevos instrumentos legales.

Suponiendo que las leyes se pudieran aplicar; que los procesos fueran rápidos y que se comenzara a ‘sacar’ a los delincuentes de las calles, ¿el sistema penitenciario está preparado para albergar más presos?

Ha dado en la llaga del sistema penal. No existe capacidad penitenciaria para poder digerir la respuesta punitiva que las nuevas leyes penales están originando. Y, nuevamente, el problema es creer que la amenaza penal es suficiente para reducir la criminalidad

¿Qué otras medidas complementarias debieron considerarse (en relación a las instancias relacionadas en el proceso de captura, juzgamiento y sentencia de los delincuentes) para que las leyes tengan efectos positivos y cumplan sus fines?

Podría haberse previsto ciertas cláusulas de inmunidad para favorecer a los denunciantes, por ejemplo, cuando se han visto conminados a pagar una coima. Aun cuando se haya caído en la situación de corrupción, se debe favorecer al privado a denunciar el acto de corrupción al que le ha llevado un funcionario y verse liberado de responsabilidad penal si lo denuncia inmediatamente.

Considero que es necesario también aumentar las facultades de negociación del Ministerio Público en relación con las personas que se acojan a una colaboración eficaz, incluso renunciando a la persecución penal en relación con los colaboradores. Una atenuación de pena muchas veces no es suficiente, sino que se debe asegurar la exoneración de responsabilidad, así como ciertas ventajas para hacer una nueva vida (cambio de identidad, por ejemplo). La mejor fuente de información de los delitos que se cometen desde una organización criminal es, sin duda, uno de sus miembros. Eso se debió potenciar significativamente.

¿El Perú tiene policías y funcionarios capaces de aplicar y hacer cumplir la ley?

Con una adecuada capacitación, pero sobre todo con una buena disposición (ética, personal y jurídica) y con las medidas de seguridad necesarias, se podría conseguir que el sistema penal haga frente a la criminalidad de manera más eficaz. Pero, reitero, esta represión es un paliativo, la enfermedad está en las estructuras sociales y en la formación en valores. Si no trabajamos en estos aspectos, siempre habrá altos índices de criminalidad.

Hace pocos días Pro Ética publicó un informe que revela que el 91% de los peruanos cree las leyes no se respetan en el país y que en los últimos 10 años hubo una serie de normas que han quedado en ‘letra muerta’, ¿qué opina?

Pienso que esa percepción social tiene un fundamento real. Las causas de esa falta de vigencia real de las leyes penales son muchas: desde la defectuosa formación jurídica, pasando por una conformidad con los usos y prácticas instauradas, hasta llegar a la corrupción de algunos de los operadores del sistema penal. Esto no se cambia con un par de leyes, sino que precisa un plan integral de cambio de mentalidad en los operadores del sistema penal; es en ello, en lo que se debe trabajar.

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