Un debate que no debe llevarnos al control estatal

Por Irina Mauricio | Periodista. Colaboradora docente

En agosto de este año, cuando  el grupo El Comercio compró el  54 % de las acciones de Epensa S.A. y la familia Agois Banchero mantuvo el 46 % de su empresa, se inició un debate sobre la concentración de medios impresos  en el Perú. El debate surgió porque, a raíz de la compra, el grupo El Comercio pasó a concentrar el 78 % del mercado de medios nacionales.  Independientemente de la posición que cada uno tenga sobre el asunto, el debate es de interés porque detrás de él existe una preocupación social legítima sobre la pluralidad informativa y el fortalecimiento de la democracia.

La discusión ha ido por varios caminos. Uno de ellos, el de la legalidad de la compra y la necesidad de que se intervenga. Quienes están en esta esquina invocan el  artículo 61 de la Constitución: “la prensa, la radio y la televisión y los demás medios de comunicación social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares” , pero la compra de El Comercio no es la expresión de  un monopolio porque no se ha quedado solo en el mercado de medios impresos, tiene  competidores como  La República (y todos sus productos informativos) y  los diarios regionales.

Con una mirada optimista y alejada del centralismo, esta puede ser la oportunidad para que los diarios regionales actúen como factores de equilibrio informativo al interior del país. Para lograrlo, necesitarán pensar  en nuevas estrategias de elaboración de contenidos y de venta acordes al nuevo escenario, pues, si la falta de pluralidad informativa se hace evidente (como lo plantean los opositores a la compra realizada por el grupo El Comercio), serán los mismos lectores los que busquen acceder a información distinta y habrá que estar preparados para ofrecer contenidos de calidad.

Además, no hay que olvidar que, lo creamos o no, existe un acuerdo entre el grupo El Comercio y Epensa, según el cual los primeros se encargarán de la  producción, comercialización y distribución y el Grupo Epensa de  la generación de contenidos periodísticos y el control editorial de los diarios Ojo, Correo, Aja y El Bocón y las diversas plataformas multimedia. Que esto puede cambiar, es posible, pero por ahora ese es el acuerdo.

A este asunto habría que sumarle que los diarios de mayor venta del  grupo El Comercio (antes de la compra a Correo) no tienen al tema político como su principal preocupación  (un ejemplo es El Trome que tiene  2 069 000 lectores diarios en todo el país*). En el lado de Correo, la realidad es similar, su producto más vendido no es el diario que tiene el tema político como prioridad.

Y  si la preocupación gira en torno al impacto de los medios en la política y la democracia, entonces tendremos que discutir, también al interior de todos los medios de comunicación, ¿cómo hacer para que los lectores se interesen por el tema político y este no sea solo un asunto de coyuntura en la época electoral? Dadas las circunstancias, esta pregunta también se debe aplicar a los medios regionales, en especial a los que están  acostumbrados a aislar sus contenidos informativos del contexto nacional.

Hay otro aspecto que no se ha tomado en cuenta: el de la credibilidad de los medios de comunicación. Debemos preguntarnos: ¿los medios  tienen la credibilidad suficiente como para imponer un candidato o un presidente? Las encuestas realizadas en los últimos tiempos dan como respuesta un rotundo no; los lectores se dan cuenta cuando un medio cobija a un candidato y, aunque compren y lean ese diario, eso no determina su voto.

Debe seguir

El debate sobre la concentración de medios continuará y es importante que así sea y que se desarrolle en el ámbito del respeto a la discrepancia y que camine hacia un consenso o una autorregulación en los medios. Lo que no se puede permitir es que este debate enrumbe hacia el control estatal o la regulación parlamentaria; eso sería grave, y ya hay ejemplos de ello, en países vecinos.

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