La última frontera

Si en efecto, como promete el Perú, este es el último y definitivo asunto en cuestiones de soberanía que le quedaba pendiente al país, muy bienvenida es la sentencia que ayer dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). No obstante, dada la complejidad que presenta el trazado de la delimitación que ha hecho la CIJ, no parece sencillo que los problemas de frontera vayan a desaparecer de un día para otro.

De un lado, los pescadores artesanales peruanos seguirán viviendo al límite del paralelo en la franja que va de la costa hasta las 80 millas, ya que la CIJ ha dicho que sí son válidos y están vigentes los acuerdos que fijaron la frontera en el paralelo que cruza el Hito n° 1, por lo que también están vigentes las disposiciones contenidas en esos acuerdos que permiten apresar a quienes traspasan la zona de protección de 10 millas a cada lado del paralelo. Por otro lado, habrá que esperar a que una comisión técnica gestione la adecuada demarcación del trazado que ahora ha delimitado la sentencia de la CIJ, y dicha tarea puede demorar un tiempo el acceso del Perú al nuevo dominio marítimo -ese triángulo externo ampliado-, que la Corte le ha asignado.

En ese sentido, se hace comprensible la reacción chilena hacia el fallo, pues a pesar de que la CIJ ha asignado al Perú una porción de dominio marítimo que hasta ahora estaba administrada por Chile, no ha tocado la soberanía del país vecino, ya que ese espacio asignado al Perú está dentro de la Zona Económica Exclusiva chilena, lejos de las 12 millas de mar territorial y de las 24 de zona contigua que describe la Convención del Mar (CONVEMAR). Es en esta última donde encontraremos las claves para gestionar adecuadamente las consecuencias que tendrá este caso, pues no en vano el presidente de la Corte, al leer el fallo, recalcó que el mismo implicaba el compromiso oficial del Perú en relación a la Convención del mar, en lo que es una clara alusión a la necesidad de que el Perú adapte su dominio marítimo a los espacios que la norma internacional dispone.

La CIJ ha delimitado la frontera marítima de Perú y Chile pero no ha dicho que las aguas ahora asignadas sean dominio soberano peruano, pues siguiendo la CONVEMAR se entiende que sobre ellas Perú ejercerá derechos de administración y jurisdicción, no de soberanía.

Es probable que la reacción peruana sea mantenerse durante un tiempo en la interpretación clásica y anticuada de que el dominio marítimo que proclama su constitución le da soberanía plena sobre esa franja que se proyecta hasta las 200 millas desde sus costas. Pero nada haría más daño a los intereses peruanos que una interpretación en ese sentido. Ahora corresponde abrirse al nuevo derecho del mar, pactar el uso de ese espacio marítimo que la Corte ha asignado y aplicar en la gestión de los recursos marítimos todos los medios y mecanismos modernos. De ninguna otra manera podrá explotarse ese gran triángulo de mar que la Corte ha asignado al Perú si no es con los medios de las grandes pesqueras, y si estas son extranjeras habrá que gestionar su control y administración con los criterios que la misma Convención pone a disposición del estado ribereño.

La sentencia de La Haya es la oportunidad histórica para poner orden en el mar peruano, para asumir su explotación con criterios del S. XXI y para lograr que el Perú se posicione a la cabeza del sector.  Esperemos que no se deje escapar esta oportunidad.