Elecciones anuladas: ochenta años atrás

Culminado el cuarto periodo ininterrumpido de elecciones democráticas, viene bien recordar la anulación de las elecciones de 1936: una vejación de la majestad del pueblo peruano. Había ganado el destacado piurano Luis Antonio Eguiguren Escudero.

Los escrutinios se interrumpieron arbitrariamente, 10 días después de la votación. Los congresistas, coludidos con el gobierno de turno, a pesar de haber cesado su mandato (1931-1936), dieron una “ley” anulando los comicios, en los que se elegía a sus sucesores y al Presidente del Perú. Después, disolvieron el Congreso, prorrogando por ley la autocracia de Benavides, quien gobernaba desde abril de 1933, tras el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro.

Escenario electoral (6)

En los comicios de 1931, Eguiguren tuvo la máxima votación entre los congresistas elegidos. Luego, fue Presidente de la Asamblea Constituyente, que inició sus funciones el 8 de diciembre. Era amigo de Sánchez Cerro desde la infancia; pero,  ante las presiones que éste recibió por sucesos de desorden público, exigió que el Congreso aprobara (en enero) la  ‘Ley de Emergencia’: una aberración jurídica, como lo sostuvo siempre L. A. Eguiguren, quien se opuso firmemente a ella.  Sin embargo, se aprobó en su ausencia y sin el quórum reglamentario.

Esgrimiendo esta ley, el gobierno violó la inmunidad parlamentaria: apresó y deportó a 23 congresistas de la oposición. Los congresistas, en tanto, se arrogaron elaborar la Constitución y dar leyes, desestimando la protesta de Eguiguren, su legítimo Presidente. Poco después, fue censurado por tales congresistas; viéndose obligado a pedir asilo diplomático, en mayo de 1932, ante la amenazante persecución sufrida por él y su familia.

Cuando fue suspendido el escrutinio de 1936, agentes armados del gobierno asaltaron la casa de Eguiguren. Robaron e incendiaron su biblioteca. Días después lo privaron de su libertad al candidato ganador, obligándolo a permanecer encerrado en su domicilio hasta 1939.

Ochenta años después, de estos sucesos ominosos para la legalidad en nuestro país, esperamos mejores tiempos: de respeto a las leyes y a las instituciones democráticas.

(Artículo publicado en el diario El Tiempo. 23/06/2016)