¿Ante la corrupción más derecho penal?

Compartimos el artículo ¿Ante la corrupción más derecho penal?, publicado por el doctor Ronald Vílchez, en el diario El Tiempo. Hace una reflexión sobre cómo se debe le debe enfrentar en la actualidad.

Todos estamos de acuerdo que la corrupción es uno de los grandes males que aqueja a nuestra sociedad. No obstante, no es suficiente –nunca lo ha sido– con reunirnos y “conversar” sobre ella y lamentarnos por lo mal que estamos. Sin embargo, tampoco es un “buen remedio” hacer uso (y abuso) del Derecho penal.

Pese a la extendida creencia de que todo se debe resolver a través de más intervención del Derecho penal, ya sea creando más delitos o buscando la aplicación de penas (de cárcel o, según postulan nuevamente algunas voces, de muerte), ese camino no es, en mi opinión, el adecuado. Si no hay eficacia en el momento de determinar las conductas, sus características y advertir las particularidades del sistema penal, no habremos logrado más que una nueva expectativa de solución que acabará en una (nueva) frustración.

Aun cuando nuestro legislador penal pretenda crear delitos con unas condiciones severas aumentando el marco punitivo e incluso privándole de beneficios, no habrá un cambio significativo o no al menos de esos que la población espera. Políticamente podrán tener un impacto –que seguramente se verán reflejados por los medios de comunicación– porque la sociedad “verá que sí se está haciendo algo para acabar con este flagelo que tanto nos atormenta”, pero jurídicamente sabemos que requiere mucho más. No me malentiendan. Es importante esa voluntad política, pero hace falta estructurarla mejor. De ahí entonces que digamos que, si no hay eficacia, aunque haya severidad en las penas, no llegaremos lejos.

Aun con todo, y si asumiéramos –algo que aquí no hacemos– que el aumento de penas y el (ab)uso del sistema penal es la solución a seguir, no hay que olvidar que el Derecho penal no puede con todo. De ahí que sea necesario advertir que existen otras vías, incluso que se muestran mucho más apropiadas para combatir y prevenir los casos de corrupción. Es importante, por eso, promover los valores desde casa, la familia y formar ahí a la persona sobre la base de unas reglas que no sólo le permitan su desarrollo, sino también el de los demás.

Si bien la lucha contra la corrupción encuentra en el Estado a su principal actor e impulsor, esto no significa que los ciudadanos no tengamos ningún deber ni rol que desempeñar. Desde nuestra posición como ciudadanos debemos estar atentos a la actuación de nuestros funcionarios y exigir, dentro de lo que es legalmente posible, que se les vigile, investigue y sancione.

Sin embargo, nuestro papel como firmes baluartes contra la corrupción no lo conseguiremos mirando únicamente qué ha hecho mal o en que consiste la infracción funcional de tal autoridad. Por el contrario, será cuando nos hagamos cargo, desde nuestras posiciones, de aquello que también constituye una forma de actuación contraria a los valores (y por ello, podríamos definir también como corrupción): cuando dejemos de tirar la basura en cualquier parte de nuestra ciudad; cuando dejemos de pasarnos la luz roja o conduzcamos autos, motos lineales, mototaxis de manera temeraria e imprudente sin respetar las reglas mínimas y elementales de tránsito; cuando respetemos las líneas de espera en los bancos, supermercados…

En resumen, si nos interesa mejorar y salir de esta situación de caos en la que nos encontramos es fundamental que no sólo exijamos a los demás, sino también que empecemos a exigirnos a nosotros mismos. Que no esperemos que el Derecho penal nos solucione mágicamente las deficiencias que nosotros como ciudadanos no hemos querido o no hemos podido atender en su momento. Si queremos luchar contra la corrupción debe ser una lucha seria, frontal y con voluntad.